Fidel Mingorance (@geoactivismo/HREV)

Nuestro monitoreo de las fuentes de datos sobre la desaparición forzada suele ser tan periódico como lo son las fuentes de los datos que monitoreamos. Normalmente en esa sección de la web pueden encontrarse los últimos datos publicados por las distintas fuentes (de hecho, solemos mantener la misma periodicidad que ellas). Así, por ejemplo, suelen publicar datos actualizados coincidiendo con el fin del primer semestre (con fechas de corte a 30 de junio) o en días previos al 30 de agosto, día internacional en favor de las víctimas de desapariciones forzadas.

Este año 2022 no ha sido una excepción, pero sí ha sido algo un tanto excepcional la publicación del Informe final de la Comisión de la Verdad (CEV), en el que se incluye un estimado estadístico de víctimas de desaparición forzada que ascendería a 121.768 personas (1985-2016). Esta cifra corresponde a la media imputada (imputación estadística) que se ha calculado desde el proyecto JEP-CEV-HRDAG.

JEP-CEV-HRDAG (junio 2022)

¡Las víctimas en Colombia superan así la cifra indicativa de desapariciones forzadas en España! (las 114.266 desapariciones perpetradas durante el golpe de estado, la guerra y la represión de posguerra que figuraban en el auto del juez Garzón).

Increíblemente, las reacciones a la publicación de estos datos (y a su consiguiente estudio técnico donde se explica la metodología empleada) han brillado por su ausencia…

Mientras vamos asimilando que las víctimas pueden superar las 200.000, el Registro Nacional de Desaparecidos (RND), el registro oficial y único en Colombia, ¡sigue sin registrar NINGUNA desaparición forzada en el país! Registrando, eso sí, 34.122 víctimas de desaparición «presuntamente» forzada.

RND (junio 2022)

¿34.122? ¿desapariciones «presuntamente» forzadas? ¡Ya está bien!

Pero eso no es todo. En el antes mencionado proyecto de integración de datos y estimación estadística de la JEP, el CEV y HRDAG se ha elaborado el primer cálculo del subregistro de este crimen en Colombia, que ascendería a unas 90.000 personas. ¡Las víctimas no registradas prácticamente superarían a las registradas por cada una de las otras fuentes estatales!

Ese subregistro de 90.000 personas superaría las 80.742 víctimas documentadas por el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) a 30/06/2022; las 89.827 del SIJUF/SPOA de la Fiscalía, que Colombia presentó al CED de NNUU con fecha de corte de abril de 2021, o las 50.704 que aparecen registradas en el Registro Único de Víctimas (RUV) a 30/06/2022. En fin, este subregistro prácticamente iguala las 93.218 personas que constituyen el universo de víctimas de desaparición forzada en el contexto y razón del conflicto armado que ha consolidado la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) a 14/09/2021 (¡datos de hace 1 año!).

UBPD (septiembre 2021)

No se me ha ocurrido otra forma de denominar toda esta situación, que rodea los datos estatales de desaparición forzada en Colombia, que llamándola UN MACONDO DE DATOS… (lo que será un análisis de próxima aparición en la sección ↓).

Todos los datos antes mencionados y el respectivo análisis de las fuentes (siempre en constante actualización) puede encontrarse en la correspondiente sección.

↓↓↓↓↓

¡Ah, sí! ¿Tienen curiosidad por saber qué es la imagen que preside este texto? Pues es sin duda una prueba más de lo acertado que resulta eso de «Macondo de datos». Se trata de un gráfico que aparece en la sección de datos abiertos de la Fiscalía General de Nación (FGN) donde se representa el estado procesal de las noticias criminales de desaparición forzada en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA)… ¡Todo un poema gráfico de la inoperancia del sistema procesal!

En color rojo aparecen las noticias criminales de desaparición forzadas registradas en el SPOA (2010-2022) que están en etapa de «indagación», ese estado procesal en el que nada ni nadie se mueve en la FGN. Y en azul las que se han indagado, investigado, instruido, enjuiciado y sentenciado… ¡la FGN ni se sonroja y la JEP que no abre un macro-caso dedicado!

Subregistro · impunidad · Registro difuso

Artículo anterior«Hoy hace 35 años»