RUV

El RUV es una «herramienta técnica, que busca identificar a la población víctima y sus características y tiene como finalidad mantener información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado presta a la población afectada por la violencia» (UARIV).

En el registro están incluidas, entre otras categorias, las personas que son víctimas de desaparición forzada, a las que se clasifica como víctimas directas o como víctimas indirectas de desaparición forzada

Datos sobre víctimas directas de desaparición forzada

Periodo: 1985 -2021,  con fecha de corte de 31/12/2021 (los casos anteriores a 1985 o sin fecha aparecen registrados como del año 1984)

Víctimas directas: 50.604 personas

Eventos: 53.921 hechos

Datos sobre víctimas indirectas de desaparición forzada (familiares)

Periodo: 1985 -2021,  con fecha de corte de 31/12/2021 (los casos anteriores a 1985 o sin fecha aparecen registrados como del año 1984)

Víctimas indirectas: 137.618 personas

Víctimas sujetos de atención y/o reparación: 134.622 personas

Eventos: 147.799 hechos

RUV 1985 – 31/12/2021
En el RUV figuran 188.222 personas registradas como personas afectadas por el hecho victimizante de desaparición forzada,
50.604 lo están como víctimas directas y 137.618 como víctimas indirectas de desaparición forzada, de las que
134.622 están registradas como personas sujetos de atención y/o reparación.

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La desaparición forzada en el RUV

En el documento Interpretación y análisis sobre las cifras del RUV puede encontrarse la definición del delito como «Es el acto mediante el cual una persona somete a otra a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley» (UARIV).

La definición de desaparición forzada que utiliza el RUV para registrar a las víctimas está basada en la definición decretada en la Ley 589 de 2000. Como consecuencia de esa (polémica) tipificación del delito es posible definir que «una persona», de hecho cualquier persona, puede cometer una desaparición forzada.

La conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) es el fundamento tanto del RUV como el de todos los conceptos que en él aparecen, incluyendo obviamente el de víctima:

«Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.» (Artículo 3º. LEY 1448 de 2011).

Esta definición introduce un elemento restrictivo a partir de la temporalidad decretada (bastante arbitraria por cierto). De hecho, esta restricción deja fuera de la categoría de víctimas del «conflicto armado interno» a todas aquellas que «hayan sufrido un daño por hechos ocurridos» antes «del 1º de enero de 1985». Cómo mínimo están dejando fuera de consideración a todas las víctimas del periodo 1958-1984. En el parágrafo 4º, de este mismo Artículo 3º, especifica que «las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas», quedando fuera del «conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas» que establece esta ley.  

La ley tiene un segundo elemento restrictivo relativo a la pertenencia o militancia en «grupos armados organizados al margen de la ley». En el parágrafo 4º se determina que:

«Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad. Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.»  (Artículo 3º. LEY 1448 de 2011).

 

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