Análisis de datos y cartografía: Fidel Mingorance (@geoactivismo/HREV)

RUV

El RUV es una «herramienta técnica, que busca identificar a la población víctima y sus características y tiene como finalidad mantener información actualizada de la población atendida y realizar el seguimiento de los servicios que el Estado presta a la población afectada por la violencia» (UARIV).

En el registro están incluidas, entre otras categorías, las personas que son víctimas de desaparición forzada, a las que se clasifica como víctimas directas o bien como víctimas indirectas de desaparición forzada si son familiares de las primeras.

Víctimas directas de desaparición forzada

Periodo: 1985 -2022,  con fecha de corte de 30/06/2022 (los casos anteriores a 1985 o sin fecha aparecen registrados como del año 1984)

Víctimas directas: 50.704 personas

Eventos: 54.079 hechos

Víctimas indirectas de desaparición forzada (familiares)

Periodo: 1985 -2022,  con fecha de corte de 30/06/2022 (los casos anteriores a 1985 o sin fecha aparecen registrados como del año 1984)

Víctimas indirectas: 138.738 personas

Víctimas sujetos de atención y/o reparación: 133.027 personas

Eventos: 148.995 hechos

RUV 1985 – 30/06/2022
En el RUV figuran 189.442 personas registradas como personas afectadas por el hecho victimizante de desaparición forzada,
50.704 lo están como víctimas directas y 138.738 como víctimas indirectas de desaparición forzada, de las que
133.027 están registradas como personas sujetos de atención y/o reparación.

LA DESAPARICIÓN FORZADA EN EL RUV

En el documento Interpretación y análisis sobre las cifras del RUV puede encontrarse la definición del delito como «Es el acto mediante el cual una persona somete a otra a privación de su libertad cualquiera que sea la forma, seguida de su ocultamiento y de la negativa a reconocer dicha privación o de dar información sobre su paradero, sustrayéndola del amparo de la ley» (UARIV).

La definición de desaparición forzada que utiliza el RUV para registrar a las víctimas está basada en la definición decretada en la Ley 589 de 2000. Como consecuencia de esa (polémica) tipificación del delito es posible definir que «una persona», de hecho cualquier persona, puede cometer una desaparición forzada.

La conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) es el fundamento tanto del RUV como el de todos los conceptos que en él aparecen, incluyendo obviamente el de víctima:

«Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno.» (Artículo 3º. LEY 1448 de 2011).

Esta definición introduce un elemento restrictivo a partir de la temporalidad decretada (bastante arbitraria por cierto). De hecho, esta restricción deja fuera de la categoría de víctimas del «conflicto armado interno» a todas aquellas que «hayan sufrido un daño por hechos ocurridos» antes «del 1º de enero de 1985». Cómo mínimo están dejando fuera de consideración a todas las víctimas del periodo 1958-1984. En el parágrafo 4º, de este mismo Artículo 3º, especifica que «las personas que hayan sido víctimas por hechos ocurridos antes del 1° de enero de 1985 tienen derecho a la verdad, medidas de reparación simbólica y a las garantías de no repetición previstas en la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de que sean individualizadas», quedando fuera del «conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas» que establece esta ley.  

La ley tiene un segundo elemento restrictivo relativo a la pertenencia o militancia en «grupos armados organizados al margen de la ley». En el parágrafo 4º se determina que:

«Los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley no serán considerados víctimas, salvo en los casos en los que los niños, niñas o adolescentes hubieren sido desvinculados del grupo armado organizado al margen de la ley siendo menores de edad. Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley serán considerados como víctimas directas por el daño sufrido en sus derechos en los términos del presente artículo, pero no como víctimas indirectas por el daño sufrido por los miembros de dichos grupos.»  (Artículo 3º. LEY 1448 de 2011).

Si el primer elemento restrictivo resultó polémico, el segundo raya lo aberrante. Así, de acuerdo a la Ley de Víctimas, si alguna persona que pertenezca o milite en algún grupo armado organizado al margen de la ley es desaparecida forzadamente no será considerada víctima de este crimen por la UARIV ni registrada en el RUV como tal. Además, sus familiares tampoco serán consideradas víctimas indirectas de este crimen…

Además, otra de las particularidades de este registro reside en que «dado que el propósito del RUV es atender y reparar a las víctimas, su registro solo incluye a aquellas personas que demandan sus derechos ante el Estado, razón por la cual el RUV no registra en sentido estricto a todas las víctimas del conflicto armado» (Suárez, 2018). Es lo que Suárez denomina como «registro para atender y reparar». Es decir que la propia concepción misional del registro se convierte también en un elemento restrictivo. Ya que, continúa Suárez explicando algunas de las casuísticas derivadas de esto,

«hay víctimas que no demandan atención y reparación al Estado por desconocimiento de la ley, por convicciones políticas asociadas a la participación de agentes de Estado en la perpetración de los crímenes, por impedimentos morales frente a las indemnizaciones monetarias para resarcir los daños causados, por miedo ante la continuación del conflicto armado o simplemente porque los actores armados arrasaron con familias nucleares y extensas de las cuales no hay sobrevivientes que puedan demandar atención y reparación» (Suárez, 2018).

En fin, el Estado, en su sustentación del informe de Colombia al Comité contra las desapariciones forzadas (CED), informa a este Comité de que

«es importante aclarar que la inclusión en el Registro Único de Victimas, puede darse por la declaración de la víctima o de quien se considera víctima, que surte el proceso de valoración ante la Unidad para las Victimas para la expedición del Acto Administrativo que otorga o niega la inclusión, según corresponda, que es objeto de los recursos de ley, o por una orden judicial.

Por lo que, es importante estatizar [sic], que la valoración efectuada por la Unidad para las Victimas, a efectos de otorgar o denegar una inclusión en el Registro Único de Victimas, es estrictamente de carácter administrativo, en el que se realiza la verificación de los hechos victimizantes relacionados en la declaración – efectuada ante el Ministerio por la victima directa o indirecta, según sea el caso -, a partir de la evaluación de los elementos jurídicos, técnicos y de contexto que le permiten fundamentar una decisión frente a cada caso particular, en atención a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y los Decretos Ley Étnicos 4633, 4635 y 4634 de 2011» (Cancillería de Colombia, 2021. p.58).

LA INFORMACIÓN PÚBLICA: ACCESO Y USABILIDAD

El acceso y la usabilidad siempre han sido algo complicados en el sistema de información de la la Unidad de Víctimas. Si bien el acceso a los datos en su sitio internet no es demasiado complicado, si lo es entender dónde está la información requerida, debido fundamentalmente  a la gran y caótica cantidad de archivos disponibles y a algunas de las restricciones de las aplicaciones de descarga (bloqueos de acceso detectados hasta agosto de 2022 para algunos países o IP concretas, cosa que evidentemente se solventaba con el uso de VPN, pero del cual se desconoce su posible intención o justificación).

FuenteFidel Mingorance
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