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    La desaparición forzada de estudiantes

    Mapa: Fidel Mingorance, Geoactivismo 2021. Equipo Desaparición Forzada – HREV, 2021.

    La desaparición forzada de estudiantes

    por Rodrigo Torrejano Jiménez – Archivos del Búho

    Cuantificar las violaciones de los Derechos Humanos, especialmente la desaparición forzada, contra los y las estudiantes en el país supone una serie de retos metodológicos. El primero está relacionado con la ausencia de la identificación del rol de la víctima en el registro de la información sobre la ocurrencia del hecho y, en este sentido, la imposibilidad de reconocer la condición de estudiante de quién sufrió la victimización; pues en muchos casos la victimización fue asociada al contexto del hecho: violencia urbana, persecución a sectores políticos alternativos, represión estatal, entre otras y no a la filiación institucional de quién sufrió la victimización.

    El segundo, asociado a la existencia de discursos públicos que justificaron la ocurrencia de hechos violentos contra estudiantes y el movimiento estudiantil. Desde la década del sesenta, se posicionó en Colombia un discurso que vinculó a los jóvenes -especialmente quienes estaban en proceso de formación académica- con el enemigo interno que debía ser combatido; la amplia influencia de organizaciones de izquierda en los centros educativos y la agitada agenda política de movilización fueron utilizadas por el establecimiento como elementos de justificación para el uso sistemático de repertorios de violencia, entre los que se encuentra la desaparición forzada.

    A propósito, el registro y la cuantificación realizada por el OMC hace énfasis en la información asociada de la victimización de la Unión Patriótica (UP) y el Partido Comunista (PCC) con un total del 80% de los registros. ¿Y los restantes… quiénes eran? ¿A qué organizaciones políticas o sociales pertenecían? ¿Qué pasó con los registros de A Luchar y el Frente Popular?

    Desde Archivos del Búho, grupo de investigación sobre las memorias del movimiento estudiantil, se ha avanzado en la elaboración de una base de datos sobre las violaciones a los DDHH contra el movimiento estudiantil colombiano entre 1966 y 1999, donde se han registrado 501 casos cometidos contra miembros de organizaciones estudiantiles del país y en el que la desaparición forzada representa en 9% de las victimizaciones.

    El reconocimiento de las victimizaciones contra los y las estudiantes, el movimiento estudiantil, los profesores y todas aquellas personas que tuvieron vinculación con el sistema educativo nacional permitirá avanzar en el esclarecimiento sobre los impactos del conflicto armado contra las universidades y colegios del país.

    Por Verdad, Justicia y Memoria.

    RTJ