HREV denuncia que el Estado de Colombia ha practicado de forma masiva la detención-desaparición durante el Paro Nacional
- La organización de derechos humanos publica un informe “de urgencia” que denuncia el incumplimiento por parte del Estado de “todos los estándares interamericanos”.
- La falta de información y de transparencia, la inacción de Fiscalía y Procuraduría o la estigmatización de la protesta son “caldo de cultivo” de la desaparición forzada.
La organización internacional Human Rights Everywhere (HREV), conocida por su Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia (2019), ha publicado hoy un “informe urgente” que con el título de “El ‘regreso’ de los detenidos-desaparecidos en Colombia”, analiza el fenómeno la desaparición forzada en el marco del Paro Nacional 2021. En él, denuncia que “el Estado colombiano ha vulnerado la inmensa mayoría de los estándares interamericanos y de jurisprudencia relacionada con la intervención oficial de los estados durante las protestas que comenzaron el 28 de abril de 2021”. El documento hace énfasis en el retorno de una figura que parecía descartada del repertorio de violaciones de derechos humanos en el país: la de la detención-desaparición.
Para HREV, todas las evidencia apuntan a la reaparición de “la detención arbitraria y desaparición temporal o indefinida de personas en el marco de la protesta”. “Las autoridades responsables de investigar estos casos, Fiscalía General y Procuraduría, no han actuado con diligencia en las labores de investigación de los 168 casos de desapariciones reconocidas por ellas mismas o, en todo caso, no están informando de manera transparente y efectiva sobre las mismas”, indican y recuerdan que “cuando una persona que protesta se encuentra en paradero desconocido en contra de su voluntad ⎼sea por una detención ilegal, por el secuestro por parte de escuadrones paramilitares o por otro tipo de acción de terceros⎼ se trata de una desaparición forzada, dure lo que dure esta situación excepcional”.
El Equipo Desaparición Forzada de HREV advierte de que el país está viviendo una nueva versión de la “doctrina de seguridad nacional”, aquella que se impuso al final de los años 80 del siglo XX y que consideraba a los activistas o militantes de grupos de izquierda como enemigos del Estado y que volcó la acción de las fuerzas de seguridad y militares contra sus propios ciudadanos.
En las conclusiones de esta “cartografía imposible”, los analistas señalan que durante las protestas que comenzaron el 28 de abril se ha producido “un abuso de los agentes de policía en el uso del artículo 155 del Código Nacional de Policía”, sobre el “traslado por protección”. “En la práctica”, dicen, “este recurso se está utilizando como una detención camuflada (y, por lo tanto, ilegal) de personas en el marco de la protesta”. En el informe, HREV denuncia la estigmatización de la protesta, el uso de fuerzas militares en el control de multitudes, el incumplimiento de las leyes internacionales por parte del Gobierno, el ocultamiento de las posibles violaciones de derechos humanos bajo el discurso del mantenimiento del “orden público”, la falta de investigación diligente de las denuncias de probables desapariciones forzadas, las condiciones de hacinamiento e indignidad en muchos centros de detención e, incluso, la falta de comunicación a los familiares en casos de manifestantes ingresados en centros hospitalarios en condiciones de gravedad.
Por último, el equipo destaca “el papel que han jugado las organizaciones de derechos humanos, así como activistas individuales y familiares en las redes sociales, contrarrestando la narrativa de negación del Estado colombiano sobre la violación de derechos humanos por parte de sus fuerzas de seguridad”.
