HREV advierte que el SNB repite los errores de los mecanismos anteriores, oculta a los victimarios y va a ser liderado por una entidad cuestionada
- La entidad sin ánimo de lucro centrada en la desaparición forzada considera que el Sistema Nacional de Búsqueda “supone un nuevo aplazamiento de la verdad y la justicia”.
- HREV considera que se sigue utilizando el conflicto armado como disculpa para no develar los patrones que involucran, entre otros, a agentes e instituciones del Estado.
En diciembre de 2023 la organización internacional Human Rights Everywhere (HREV) ya escribió una carta al Ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, advirtiendo de las disfuncionalidades de la Unidad de Búsqueda y del SIVJRNR (también conocido como Sistema Integral de Paz). La respuesta recibida fue tan burocrática como el nuevo decreto aprobado el pasado 29 de abril (el 0532 de 2024) por el que se crea un nuevo Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) “de Personas dadas por Desaparecidas en contexto y en razón del conflicto armado, incluyendo a las víctimas de desaparición forzada”. Por esta razón, HREV quiere manifestar al país:
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- El nuevo decreto considera que el Sistema Nacional de Búsqueda debe ser liderado por una institución que ha demostrado su ineficacia: la Unidad de Búsqueda, una unidad de carácter temporal creada a la luz de los acuerdos de paz firmados con las FARC. Al tiempo que deja en manos de esta entidad —cuestionada por su ineficacia, burocratización e incluso corrupción— el futuro de la búsqueda de las personas que fueron desaparecidas forzadamente, relega a un papel testimonial como “asesoras” a las organizaciones de víctimas que son las que, por cierto, exigieron y forzaron una nueva figura que supusiese olvidar el laberinto burocrático de todas las herramientas estatales previas.
- Las organizaciones de víctimas y familiares quedan relegadas en el nuevo SNB a una Comisión Asesora cuyos representantes sólo podrán participar en la máxima instancia del SNB (Comisión intersectorial) “con voz, pero sin voto”. Consideramos que, una vez más, se entretiene a las víctimas pero son otros (funcionarios) los que se encargan de su supuesta centralidad.
- La retórica del Artículo 2.2.5.9.1.3 en su numeral (e) sobre la “Centralidad de las víctimas” (“funcionará siguiendo el principio rector del reconocimiento del papel central de las víctimas del conflicto armado, por tanto, las actuaciones que se realicen deben propender por garantizar sus derechos, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 1448 de 2011 y el artículo 1 del Acto Legislativo 1 de 2017”) nos retrotrae a la visión de las FARC y del Gobierno de Juan Manuel Santos. Esta supuesta centralidad expulsa a la periferia a los victimarios, evita los asuntos relacionados con la judicialización de perpetradores y decisores, no busca los patrones de la desaparición forzada y, así, niega una vez más los reclamos históricos de las organizaciones de familiares de víctimas de la desaparición forzada.
- El nuevo diseño institucional ignora el acumulado de impunidad que revictimiza a los familiares de las personas desaparecidas forzadamente y no considera que la Fiscalía General de la Nación es, en buen medida, responsable de la falta de investigación y judicialización de los casos. Si no hay cambios en la Fiscalía, la impunidad seguirá rozando el 100%.
- Es el Ministerio de Justicia el que debería liderar el SNB si se quiere atajar la impunidad que rodea a los crímenes de desaparición forzada (99,7%) y cambiar las estructuras estatales que ocultan, dificultan e impiden los avances en materia de justicia, aunque con una fuerte fiscalización para evitar la utilización partidista del SNB.
- El Sistema Nacional de Búsqueda no aprende de los errores cometidos tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC sino que incide en ellos, al ceñirse al marco de lo que el Estado entiende por “conflicto armado” y así evita incluir la política de Seguridad Nacional que durante décadas supuso la persecución, exterminio y desaparición forzada por parte de agentes del Estado de los oponentes políticos.
- Tal y como expresamos al ministro hace seis meses, “La lentitud y la falta de respuesta pertinente del Estado ante este crimen de lesa humanidad, la imposibilidad de acceder a los archivos militares, la negación por parte de la fuerza pública de una realidad documentada por el propio Estado, la lacerante impunidad y el permanente aplazamiento de una justicia que trace los patrones de la desaparición forzada e identifique a los victimarios reales, más allá de los perpetradores, supone la violación de todo el marco legal colombiano, así como el internacional, y la imposibilidad de cualquier vínculo de confianza entre las víctimas y el Estado”.
HREV, de este modo, expresa públicamente su preocupación ya que cada nueva administración crea ‘nuevas’ herramientas y entidades con las que, hasta ahora, los poderes han embarrado los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición relacionados con las violaciones de derechos humanos. El cambio de lógicas es imprescindible, pero el nuevo Sistema Nacional de Búsqueda no es una respuesta a las urgencias de verdad y justicia que precisa Colombia.
Por todo ello, solicitamos al Gobierno Nacional que revise el decreto antes de poner en marcha una maquinaria burocrática en la que la memoria y la dignidad de las víctimas se diluirá de nuevo. Esta revisión debe considerar la inclusión con voz y con voto de la representación de la Comisión Asesora en la Comisión Intersectorial, el liderazgo del Ministerio de Justicia y un marco de evaluación y revisión que permita fiscalizar de forma directa por parte de las organizaciones de víctimas y familiares la implementación del SNB.
La historia de Colombia está plagada de entidades con nombres llamativos que nacen con fotos esperanzadoras y que luego acumulan una historia dramática de fracasos y frustraciones para las víctimas. Que esto no vuelva a ocurrir con el SNB.
