El Equipo Desaparición Forzada denuncia las estrategias del Estado para ocultar el delito de detención-desaparición
· En un informe de urgencia, el grupo de trabajo de Human Rights Everywhere, señala la gravedad del uso de términos como “persona no ubicada” para referirse a las decenas de manifestantes que se encuentran desaparecidos.
· El documento señala la falta de credibilidad de las entidades oficiales responsables de buscar e investigar y señala que cuando aparece una persona desaparecida no deja de ser víctima de este delito de lesa humanidad.
Human Rights Everywhere (HREV), a través de su Equipo Desaparición Forzada, es contundente sobre la situación que se vive en Colombia: “Los conceptos básicos sobre violación de derechos humanos han sido distorsionados ante la opinión pública del país por el uso de un lenguaje eufemístico respecto de los casos de desapariciones forzadas durante las protestas y por la falta de información confiable y de calidad por parte de las entidades del Estado que son responsables de la investigación, búsqueda y protección de las personas dadas por desaparecidas”.
Por ello, la organización internacional con presencia en Colombia, publica su segundo informe durante el Paro Nacional. Si en el primero, del 14 de mayo, demostraban el regreso del delito de la detención-desaparición, en este nuevo informe, HREV explica que el hecho de haber sido desaparecido de forma forzada no se desvanece cuando la persona aparece con vida. “Cualquier persona detenida en el marco de las protestas y retenida contra su voluntad sin que haya información pertinente, transparente y adecuada sobre las razones de su detención y el lugar de retención, y que no sea puesta a disposición de las autoridades judiciales en el tiempo y formas estipulados por la ley, es una persona detenida desaparecida”. Por ello, HREV cuestiona a las autoridades que están refiriéndose a “personas no ubicadas” o que publican informes en los que destacan la “aparición” sin informar sobre la situación en la que fueron desaparecidas, qué autoridades son responsables, en qué condiciones han estado o si se han violado otros derechos humanos (trato degradante, torturas, impedimento de asistencia legal, etcetera).
El informe incluye ejemplos de las situaciones que denuncia y profundiza en existencia de lugares de detención ilegal, en la falta de amparo legal y las trabas al trabajo de periodistas y destaca la falta de credibilidad de las instituciones, lo que supone que haya un subregistro de denuncias porque las familias no confían en las entidades pertinentes (Fiscalía, Procuraduría o la propia Policía) y una falta de transparencia que va en contra de todos los estándares fijados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la actuación del Estado en el marco de la protesta social.
· Para ver el informe íntegro: https://desaparicionforzada.com/la-desaparicion-
· Informe del 14 de mayo: https://bit.ly/3eMdj4H
· Cartografía de la Desaparición Forzada en Colombia https://bit.ly/3fVpvRd
· Para más información: Erik Arellana Bautista (info@hrev.org)
