¿La verdad para quién es?

(…) Los familiares de Nydia Érika Bautista hemos sobrevivido con la marca de la violencia sociopolítica y una herida que no cierra o, como diría Juan Camilo Zuluaga, se limpia para que no se infecte pero no sana. Es la herida que aún permanece abierta y no porque los familiares de las víctimas no hayamos podido “pasar la página” o porque no seamos capaces de perdonar y seguir adelante. La pregunta es ¿qué es adelante? El indígena Kankuamo Daniel Maestre dice que “el pasado está delante de nosotros”.

Después de haber leído el artículo y de escuchar el audio, tengo la sensación de haberme bajado de una de esas máquinas de los parques de diversiones en las que uno pierde el sentido de orientación. El piso sobre el que he andado desde el 30 de agosto de 1987 se mueve, se fisura, se desmorona, se deshace y ya no sé si el siguiente es un paso para levantarse, para sostenerse o para seguir andando. O, por el contrario, para confirmar los temores y pesadillas vividas y revivirlas. Para revolcarse en las cuatros líneas que describen lo peor de la sevicia y el horror de la tortura hasta que la “víctima no aguantó más”, es decir, que si hubiera soportado otro poco, habrían seguido los vejámenes, la violencia sexual. → leer la reflexión completa en esta página o en la sección de opinión del diario El Espectador↓

Asunto: Petición para tomar medidas urgentes en los casos de las víctimas mencionadas por el Sargento José Leonairo Dorado Córdoba ante la JEP

El pasado viernes 21 de junio del presente año, la WRadio publicó las declaraciones realizadas ante la JEP por José Leonairo Dorado Córdoba, quien trabajaba para una brigada de inteligencia del Ejército entre los años de 1986 y 1997. Dorado Córdoba da cuenta en sus declaraciones de una política sistemática para exterminar a dirigentes de la izquierda colombiana que ratifican lo que por décadas organizaciones de derechos humanos y de víctimas hemos planteado sobre la existencia de la violencia estatal. En sus declaraciones menciona las desapariciones forzadas y asesinatos de Manuel Cepeda, Pedro Movilla, Nydia Erika Bautista, Alirio Pedraza, Amparo Tordecillas, Eduardo Umaña, Guillermo Marín y José Miller Chacón.

Sus declaraciones permiten verificar que la violencia estatal ha sido en Colombia una práctica sistemática de la que han participado funcionarios e instituciones estatales, y que tuvo por objetivo eliminar a los contradictores políticos de la izquierda colombiana con prácticas ilegales.  Esto incluyó desapariciones forzadas, torturas, seguimientos y ejecuciones extrajudiciales, todas estas graves violaciones a los derechos humanos de quienes hacían parte de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales e incluso miembros de estructuras guerrilleras que se encontraban en medio de negociaciones o acercamientos para el establecimiento de diálogos de paz… → leer la carta completa