Hablar de conflicto, en singular, cuando nos referimos a los territorios en Colombia es desconocer la complejidad de las amenazas que enfrentan las comunidades. Un megaproyecto como Hidroituango, la hidroeléctrica de Empresas Públicas de Medellín, no se puede abordar sino desde muy diferentes vectores. El despojo de tierras, el desplazamiento forzado de población por presión del megaproyecto pero también por el conflicto armado, las masacres, la exclusión política, la debilidad institucional, la omisión de la función de las instituciones, la pobreza y, por supuesto, la desaparición forzada, son algunos de los elementos que explican la (s) resistencia (s) de las comunidades de los 12 municipios del área de influencia de la represa (Briceño, Buriticá, Ituango, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga, San Andrés de Cuerquia, Santa Fe de Antioquia, Toledo, Valdivia y Yarumal).
Este informe elaborado por Human Rights Everywhere (HREV) se centra en uno de estos vectores: el de la desaparición forzada en la zona de influencia de Hidroituango y, ante todo, las consecuencias de la inundación prevista en el proyecto.
El informe señala la dificultad de dimensionar el fenómeno de desaparición forzada por la variedad y precariedad de fuentes pero se apunta a que la cifra más cercana a la realidad, a pesar del subregistro, es la del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que documenta 1.029 personas víctimas directas de la desaparición forzada en los 12 municipios citados. Eso supondría el 1,24% del total de víctimas documentadas en toda Colombia. El porcentaje es similar en las bases de datos del Registro Único de Víctimas (RUV) y en el Registro Nacional de Desaparecidos (RND) coordinado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Hasta el 25 de abril de 2018, el RND reportaba que sólo se han encontrado 115 personas desaparecidas (sin especificar si son víctimas de la desaparición forzada), de las que 97 estaban muertas. El GRUBE de la Fiscalía, por su parte, ha encontrado, identificado y entregado a sus familiares los cuerpos de 84 personas. Dependiendo de la fuente, se puede asegurar que [highlighter type=»light»]en la zona quedan entre 500 y 900 personas desaparecidas sin localizar ni exhumar[/highlighter].
El informe señala las deficiencias en la búsqueda y localización de fosas, y denuncia con claridad la posición de la Fiscalía General de la Nación (y de la propia EPM) en la Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ‘Medidas de protección de pruebas en casos de desaparición forzada en Colombia’ (9 de mayo de 2018), donde aseguraron sin pruebas que “no hay cuerpos en el área de llenado” y se manifestaron satisfechas con su “diligencia” en estas tareas.
El informe muestra que la búsqueda ha sido deficiente, que las comunidades están exigiendo una tarea completa para evitar que con la inundación del área de la represa “desaparezcan los desaparecidos”, que organizaciones de derechos humanos han cuestionado esa supuesta “diligencia”.
Este informe está repleto de datos verificados y fuentes documentales e incluye un ejercicio de cartografía de la desaparición forzada en la zona de influencia de Hidroituango.
HREV, mayo de 2018
